Mientras que en España la Iglesia católica va perdiendo adeptos y, por tanto, poder y la reforma del derecho al aborto se ha aprobado, en numerosos países de América Latina y África la creciente presencia de las iglesias católica y evangelista, principalmente, está favoreciendo que grupos de poder introduzcan agendas marcadas por la 
religión en los gobiernos. Éste ha sido el caso de las recientes reformas legislativas dirigidas a prohibir la práctica del aborto en cualquier caso. En Nicaragua, República Dominicana y Kenia se ha implantado la prohibición de la interrupción del embarazo, a partir de presiones de representantes de la Iglesia católica y/o de la propia defensa de ésta desde dentro del Estado.
Nicaragua
Desde 1870 el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo, o cuando el embarazo fuera resultado de una violación certificada por al menos tres médicos. Sin embargo, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2005, la Cámara legislativa de este país aprobó un reforma que prohibía el aborto en cualquier caso y que imponía unas penas de entre cuatro y ocho años de prisión para aquellas mujeres que incurrieran en el delito.
Las 200.000 firmas recogidas por representates de las iglesias católicas y evangelistas pidiendo la derogación del derecho al aborto en estos casos había surtido efecto. Cuatro de los cinco partidos que participarían en los comicios presidenciales votaron a favor de la prohibición, incluído el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el famoso líder de la revolución sandinista Daniel Ortega. Médicos, activistas de los derechos de la mujer y diplomáticos de toda América Latina miraron perplejos a un país en el que además, se preveía la victoria de uno de los míticos partidos progresistas del continente. Varias agencias de cooperación al desarrollo de países europeos se plantearon presionar conjuntamente al gobierno de manera no oficial.
Durante la votación, aprobada con 52 votos a favor, 9 abstenciones y la ausencia de los 92 parlamentarios restantes, miembros de organizaciones civiles y de derechos de la mujer intentaron ingresar en el edificio y arrojaban piedras y botellas al edificio. Mientras, los dirigentes políticos sostenían que no se trataba de una cuestión electoral sino “de una medida de protección de la vida“, como expresó el coordinador del grupo FSLN en el Parlamento.
A principios de marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado de Nicaragua que adopte medidas cautelares para salvar la vida de Amalia. Esta mujer, con nombre ficticio para proteger su identidad, de 27 años y madre de una niña de 10, el sistema de salud le ha negado el aborto terapéutico para poder recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que necesita para combatir el cáncer que padece.
Este caso ha reabierto el debate sobre el aborto en Nicaragua. Un grupo de diputados propuso a mediados de marzo despenalizar el aborto terapéutico, excluyendo el caso de la violación, y subrayando que, en el caso de que se descubra que el aborto terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron los dictámenes, la pena de prisión sería de entre 4 y 13 años.
Dos días más tarde, Amalia era trasladada a un hospital para recibir el tratamiento y, según la procuradora de la mujer, Débora Grandinson, “será inevitable la suspensión del embarazo”.
La Iglesia ha respondido rápidamente. La Conferencia Episcopal publicó una carta en la que exhortaba a la ciudadanía a no dejarse confundir por ideologías o propagandas. El Vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, Bismack Conde, argumentó que la propuesta de despenalizar el aborto en algunos supuestos era “una banderita de lucha en contra la de la vida humana”.
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