El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de Ley del PP-A, que fue transaccionada por el grupo socialista, en la que se insta al Gobierno andaluz a que reclame al Ejecutivo de la Nación que impulse "las medidas necesarias para que los bienes incautados en la Operación Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con los órganos municipales desde el año 1991 a 2006 en el Ayuntamiento de Marbella, se destinen a restituir el daño patrimonial que se ha ocasionado a dicho consistorio".
A la iniciativa del grupo popular, se ha incorporado una enmienda planteada por el PSOE-A en el sentido de que la Junta inste al Ejecutivo de la Nación a que "dicha restitución se traduzca en beneficio directo a los ciudadanos de Marbella, mediante la realización de un Plan de inversiones directo, capaz de generar empleo y riqueza en el municipio y se haga frente a las obligaciones contraídas por la corporación municipal" con las administraciones central y andaluza.
La diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy ha calificado, durante su intervención ante el Pleno, de "oportunista" y "demagógica" la iniciativa del PP-A, que coincidiendo con el inicio de la Operación Malaya, decide plantear en la Cámara una iniciativa sobre algo que ya se votó en el Parlamento en abril 2006, según ha dicho.
Ha querido dejar claro que los socialistas fueron los que denunciaron continuamente las tropelías de Jesús Gil en los tribunales, mientras que el Partido Popular no planteó "ninguna". Además, ha asegurado que los socialistas expulsaron de manera fulminante a quien pactó con los deshechos de Gil, a diferencia de la actitud que mantuvo el PP al respecto, al tiempo que ha puesto de manifiesto que la Junta se volcó de llenó con el ayuntamiento para lograr las medidas de saneamiento que se precisaban.
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