El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha acordado abrir diligencias para esclarecer la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid al considerar que "los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
El magistrado José Sierra ha decidido incoar diligencias previas en relación con la denuncia que el pasado día 20 interpuso el secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, por los seguimientos a los que -según el diario 'El País'- fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González.
La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, pidió a los servicios jurídicos del Gobierno regional que interpusieran una denuncia al juzgado de guardia para que se investigara "cuanto antes" los supuestos seguimientos a Ignacio González, tal y como demostraban fotografías del vicepresidente regional en un viaje al extranjero, publicadas por el diario 'El País'.
Antes de ordenar cualquier diligencia, sin embargo, ha pedido a Bolívar que aclare si interpuso la denuncia en nombre sólo de la Comunidad de Madrid o también en el de González, ya que considera que, siendo este último la víctima del supuesto espionaje, debió ser él quien la presentara.
Como de la denuncia se desprende que la persona agraviada es González, el juez entiende que debió ser él quien necesariamente interpusiera la denuncia.
Según el auto del juez Sierra, el objeto de la denuncia son los hechos publicados el diario 'El País', en el que se informaba de que la 'mano derecha' de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría sido objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".
En los seguimientos a González se utilizaron cámaras ocultas y se elaboraron dossiers que describían los pasos de Ignacio González. Los informes también contenían información reservada.
El auto señala que de las informaciones publicadas se deriva la posibilidad de que estos seguimientos -supuestamente realizados por agentes a sueldo de la consejería dirigida por Francisco Granados- se hubieran podido repetir en otros altos cargos. Por esta razón, según el auto de Sierra, concurre un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables.
fuente:elmundo.es
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