DE NUEVO CORRUPCIÓN. DE NUEVO EN LA COSTA DEL SOL.

Otro municipio malagueño, manchado por la corrupción urbanística. Cuando aún está vivo el proceso judicial por el 'caso Malaya' llega la 'operación Astapa', en Estepona, que comenzó en 2006 y que por el momento ha motivado 25 detenciones (23 en Málaga y dos en Córdoba).

Entre ellos se encuentran el propio alcalde del municipio, el sexto mejor pagado de España, Antonio Barrientos. Es del PSOE, pero llegó al Gobierno de Esteona en 2001 gracias a un pacto de Gobierno con otros partidos contra el Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil.

Antes de que Barrientos llegara al poder, la localidad tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, hijo del ex primer edil de Marbella Jesús Gil.

Además, han sido detenidos varios concejales, como el de Economía y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe del Gabinete de la Alcaldía, José Flores, la concejala de Playas, Marisa Rodríguez Pino; el arquitecto Arturo Cebrián; y el ingeniero de Urbanismo Javier Wittmeur, que figuraba en las últimas elecciones locales en la candidatura del Partido Estepona (PES), formado por ex integrantes del grupo GIL.

La operación, que sigue abierta, se desarrolla en Málaga, Córdoba, Bilbao, Madrid y San Sebastián. Fuentes policiales dijeron no descartar que se produzcan más detenciones.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), continúa aún facilitando documentos a la Policía desde esta mañana, aunque no está detenido como se informó por error por la mañana.

Fuentes cercanas a la investigación —que corre a cargo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial— han informado de que entre los políticos arrestados hay tanto socialistas como del Partido Estepona (PES), creado por ex integrantes del GIL.

El ex alcalde socialista de Estepona Antonio Caba ha estado presente en el registro de la casa de Barrientos y se cree que podría estar ejerciendo como abogado.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona comenzó por la tarde a tomar declaración a los detenidos.

Financiación irregular del consistorio

Todos ellos están presuntamente relacionados con un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio.

En concreto, fuentes de la investigación han asegurado que, como en caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaba a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.

Las supuestas irregularidades cometidas en esta operación inmobiliaria de Estepona se analizaban en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía recogido en el sumario del 'caso Malaya'.

La Policía vio "intereses ocultos" en un convenio urbanístico firmado en noviembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Estepona y una sociedad inmobiliaria cuyo administrador único era Óscar Jiménez, uno de los testaferros del presunto cerebro de la 'operación Malaya', Juan Antonio Roca.

En la causa obran múltiples intervenciones telefónicas que indican que los concejales que firmaban esas adjudicaciones obtenían un beneficio económico.

Los delitos que se les imputan son, en principio, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

La investigación fue abierta por un Juzgado de Estepona en 2006, que contó con el apoyo de la Fiscalía de Málaga. La trascendencia del caso y el alto número de personas implicadas les llevó a solicitar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que la causa fuera asignada a la Fiscalía Anticorrupción.

Tras estudiar el informe en el que se detallaba el estado de las investigaciones, éste decidió hace aproximadamente un mes otorgar la competencia a la Fiscalía Anticorrupción malagueña.

AGENCIA EFE.